La CIDH condenó hoy el asesinato del periodista Jorge Alberto Georgino Orellana registrado el 20 de abril en San Pedro Sula, Honduras, y expresó su preocupación por la "grave situación" de indefensión de la prensa en ese país centroamericano.

En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó que se trata del sexto asesinato de un periodista en Honduras en lo que va de año y afirmó que este crimen pone nuevamente de manifiesto que existe una "grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa" en ese país.

La Relatoría, dirigida por la colombiana Catalina Botero, hizo un llamamiento "urgente" al Estado hondureño para que adopte "todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo y avanzar de manera pronta y decidida en las investigaciones correspondientes".

De acuerdo con la información recibida por la CIDH, Orellana fue asesinado a balazos el 20 de abril por la noche, minutos después de haber abandonado las oficinas del canal Televisión de Honduras en el cual dirigía un programa de opinión sobre temas de actualidad.

El homicidio de Orellana es el sexto asesinato de un periodista presuntamente motivado por su práctica profesional en lo que va corrido de 2010 en Honduras.

El 1 de marzo fue asesinado Joseph Hernández Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa.

El 11 de marzo fue asesinado David Meza Montesinos, periodista del Canal 10 y de las radios América y El Patio de La Ceiba.

Tres días después fue asesinado en Tocoa el periodista Nahún Palacios, director de noticias de Canal 5 del Aguán.

Además, el día 26 de ese mes fueron asesinados los periodistas del Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior Bayardo Mairena y Manuel Juárez, quienes se encontraban en una carretera cercana a la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho.

La Relatoría reiteró su "profunda preocupación por la gravísima situación que viven los periodistas hondureños" y por el hecho de que aún no se conozca resultado alguno de las investigaciones sobre todos esos asesinatos.

En este sentido, urgió al Estado a investigar los casos de manera eficiente, diligente y oficiosa, a través de cuerpos técnicos especializados, y a que detenga y sancione adecuadamente a todos los responsables de estos crímenes.

La Relatoría recordó al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión".

Es el deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.