La institución consideró que los documentos analizados concluyen que presuntamente Córdoba ejerció "actos de colaboración y promoción con las FARC" en 2007, 2008 y 2010.

Dentro de los presuntos actos de "colaboración y promoción" están la estrategia para la financiación de las FARC con dineros de otros gobiernos y la manipulación de las pruebas de supervivencia de secuestrados para favorecer a la guerrilla y de gobiernos extranjeros.

Asimismo, se le acusa de estrategia para la defensa del ex jefe guerrillero Ricardo Palmera, alias de "Simón Trinidad", extraditado a Estados Unidos, y otros insurgentes presos.

Según el ente, los llamados de Córdoba en el país y en el extranjero a "romper relaciones con el gobierno de Colombia, deslegitimar las instituciones y los procesos democráticos y la exaltación a líderes guerrilleros como 'Manuel Marulanda'" constituyen un acto de traición a la patria.

"El Ministerio Público consideró que algunas alocuciones, intervenciones y actitudes de la senadora Córdoba, tanto en Colombia como en países extranjeros, presuntamente constituyen actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional", precisó.

Durante la indagación, la Procuraduría revisó el proceso penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra la congresista del Partido Liberal, quien se encuentra realizando una gira por Europa en búsqueda de respaldo para promover un canje humanitario ente las FARC y el gobierno colombiano.

Al ser indagada por medios colombianos sobre la situación, Córdoba dijo desde Suiza que no ha sido notificada y que hablará con su defensor para enterarse del tema.

"No he sido notificada, no he sido además en ninguna parte de la etapa preeliminar he sido escuchada por la Procuraduría, no tengo conocimiento en qué consiste la vinculación que se me hace con las FARC", precisó.

La legisladora recibió el respaldo de su partido y de organizaciones defensoras de derechos humanos, que reiteraron su apoyo a las gestiones que en los últimos años ha hecho para buscar la liberación de secuestrados en poder de las FARC.

Además de Córdoba, el Ministerio Público investiga por el mismo caso a la senadora Gloria Inés Ramírez y al representante a la Cámara Wilson Borja, ambos del izquierdista Polo Democrático Alternativo.

Córdoba, Ramírez y Borja son tres de los congresistas más críticos de la administración del presidente colombiano, Álvaro Uribe.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia archivó en julio de 2009 la investigación que realizaba en contra de la senadora Ramírez al señalar que no encontró pruebas suficientes que la vincularan con las FARC.

De igual forma, la Fiscalía archivó en ese mismo mes las investigaciones que hacía al ex candidato presidencial Álvaro Leyva y el periodista Carlos Lozano por supuestos nexos con la guerrilla de las FARC.

Tanto Ramírez como Córdoba son integrantes del grupo de Colombianos Por la Paz, que mantiene un intercambio epistolar con las FARC en busca de un intercambio humanitario que permita la libertad de unos 22 integrantes de la Fuerza Pública secuestrados a cambio de la excarcelación de unos 500 guerrilleros.

Las gestiones en este sentido del grupo, liderado por Córdoba, han permitido que en los últimos tres años las FARC hayan dejado en libertad de manera unilateral a unos 14 rehenes.

El diálogo epistolar, que también busca salidas negociadas al conflicto interno, lo sostienen además con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunos de los jefes del desmovilizado grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).