A comienzos de marzo, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Luisa Estela Morales, declaró que "toda persona a la que un tribunal haya dictado sentencia firme y se encuentre en cumplimiento de ella, está inhabilitada políticamente para concurrir a algún tipo de proceso de elección popular".

Estas palabras, producto de la pretensión de los sentenciados por delitos penales Leocenis García, Gustavo Azocar, Richard Blanco, Lázaro Forero, Henry Vivas, Iván Simonovis, Otto Guevauer y José Sánchez Mazuco, puso de relieve una temática que aún no se define de manera concreta y que se resume en la siguiente pregunta: ¿Pueden las personas antes mencionadas, sentenciadas por delitos tipificados en el Código Penal, postularse a cargos de elección popular, más específicamente a las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre?